La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró la segunda jornada de la Audiencia Pública derivada de la Convocatoria 1/2025, en la que 28 personas participaron de manera presencial y a distancia para compartir sus experiencias, preocupaciones y propuestas sobre la invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad. Este ejercicio de diálogo abierto reafirma el compromiso del máximo tribunal con la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

Durante la jornada, la Nueva Suprema Corte escuchó testimonios en lenguas originarias, como el zapoteco, y recibió aportaciones directas de personas que enfrentan barreras estructurales en su vida cotidiana. El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó el valor de este encuentro al afirmar que “ponernos un momento en sus zapatos y en su situación nos hace sentir que no somos lejanos ni ajenos a lo que están viviendo y requiriendo, y eso es justo lo que la Corte debe hacer para atender la problemática”.

La Ministra Lenia Batres Guadarrama, encargada de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, subrayó que en la SCJN existe “un compromiso muy grande con nuestra sociedad y un compromiso fundamentalmente con los grupos de personas más vulnerables a quienes estamos obligados a escucharles”. Esta acción judicial fue el motivo que dio origen a las jornadas, centradas en el derecho a la consulta previa, libre e informada.

También participaron las Ministras Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, así como los Ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa Betanzo, quienes coincidieron en que la audiencia pública permite construir criterios jurídicos más cercanos a la realidad, al escuchar directamente a las personas con discapacidad. “Este tipo de ejercicios nos permite entender mejor el impacto de las normas y fortalecer el derecho a la consulta”, expresaron.

Mañana concluye esta jornada de escucha, que representa un paso firme hacia una justicia más participativa, empática y accesible. La SCJN reafirma que la voz de las personas con discapacidad no solo debe ser escuchada, sino tomada en cuenta en la construcción de leyes y políticas públicas. Porque en la justicia, como en la vida, nadie debe quedar fuera de la conversación.