Foto: Dirección General de Comunicación Social UNAM
La gentrificación es un fenómeno urbano cada vez más presente en ciudades de México y del mundo, con impactos sociales profundos que desplazan a comunidades enteras de sus barrios tradicionales. Sin embargo, especialistas de la UNAM sostienen que existen alternativas viables para enfrentar este proceso, siempre que el Estado intervenga con voluntad política y enfoque social.
De acuerdo con Vicente Moctezuma Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, la gentrificación obedece a una lógica capitalista que transforma zonas populares en espacios rentables para sectores de mayor poder adquisitivo. “Depende de las desigualdades sociales, las reproduce y genera nuevos sitios excluyentes”, afirmó.
El proceso, detalló, provoca el aumento en el precio de rentas, la sustitución del comercio local por grandes cadenas, y el desplazamiento de quienes no pueden afrontar el alza en el costo de vida. “Los habitantes originales terminan expulsados hacia la periferia, perdiendo su arraigo y redes comunitarias”, explicó el académico.
Por su parte, Eftychia Danai Bournazou Marcou, profesora de la Facultad de Arquitectura, describió la gentrificación como “la sustitución de grupos sociales de bajo ingreso por otros de mayores ingresos, consecuencia de inversiones públicas que mejoran infraestructura y elevan el valor del suelo”.
La urbanista señaló que, al no haber una regulación efectiva, el mercado inmobiliario aprovecha estas mejoras para lanzar proyectos que encarecen aún más la vida en zonas tradicionalmente populares. “Es la subordinación del Estado a las necesidades del mercado”, enfatizó.
A pesar de su avance global, existen casos donde se han aplicado mecanismos de control. San Francisco, Nueva York y París han impuesto topes al aumento de rentas; Viena mantiene una fuerte política de vivienda pública; y Uruguay ha fortalecido las cooperativas de vivienda, permitiendo que grupos organizados sean propietarios colectivos, una medida que otorga más resistencia ante los embates inmobiliarios.
En México, existen algunas iniciativas destacables. El Gobierno de la Ciudad de México ha propuesto el Bando Uno, una estrategia para estabilizar rentas, proteger el arraigo comunitario y frenar la especulación. Esta política incluye la participación ciudadana en la toma de decisiones urbanas.
Para Moctezuma Mendoza, la clave está en que el Estado adopte una visión ética que priorice a las personas por encima de las ganancias. “No hay regulaciones que protejan la vida social de los barrios. Debemos dejar de pensar en lo económico como el único motor de las ciudades”, sentenció.
Bournazou agregó que dos modelos concretos podrían implementarse en México:
Producción masiva de vivienda social estatal en arrendamiento.
Fomento de cooperativas de vivienda colectiva, como en Uruguay.
Ambos coinciden en que, sin voluntad política y regulación efectiva, la gentrificación seguirá avanzando. Pero los ejemplos internacionales y las propuestas desde la academia muestran que hay caminos posibles para proteger los barrios y garantizar el derecho a la ciudad para todos.
