El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que la inteligencia artificial (IA) ya forma parte del entorno electoral y debe convertirse en un medio para fortalecer las instituciones, siempre bajo condiciones de uso responsable. “En materia electoral, innovación y confianza no pueden separarse”, señaló durante la mesa de cierre del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026, titulada “La Inteligencia Artificial, los neuroderechos y su impacto en la justicia electoral”.

Fuentes Barrera advirtió que la IA puede mejorar procesos electorales, pero también generar desinformación, contenidos sintéticos y manipulación informativa, por lo que es indispensable contar con gobernanza, evaluación de riesgos, transparencia, trazabilidad, protección de datos y supervisión humana. Subrayó que su incorporación debe ser gradual y sustentada en procesos digitalizados, infraestructura segura y objetivos claros.

El magistrado destacó que la libertad de sufragio en el entorno digital exige proteger no solo la emisión del voto, sino también la autonomía en la formación de la voluntad electoral frente a interferencias tecnológicas. “La presencia de inteligencia artificial no constituye por sí misma una irregularidad; lo relevante es determinar para qué se utilizó, qué ventaja produjo y qué efectos pueden acreditarse”, puntualizó.

En la mesa participaron el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera (Sala Regional Guadalajara), la magistrada Ixel Mendoza Aragón (Sala Regional Ciudad de México), el presidente del Tribunal Electoral de Campeche, Francisco Javier Ac Ordóñez, la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, Gloria Esparza Rodarte, y el director general de Jurisprudencia del TEPJF, Jorge Sánchez Morales.

Guerrero Olvera señaló que la tecnología es un intermediario inevitable en la democracia; Mendoza Aragón advirtió que la IA será un recurso de comunicación en las contiendas, con el reto de evitar calumnias y noticias falsas; mientras que Ac Ordóñez subrayó la necesidad de proteger la voluntad de las personas frente a los avances neurocientíficos y tecnológicos.