En la sesión presencial de la Cámara de Diputados, la estudiante y activista Marisel Castillo Cortez, originaria de San Gregorio, Huehuetla, Hidalgo, tomó la tribuna para exigir que el Estado mexicano asuma un compromiso firme en la protección de las lenguas indígenas. Hablante de lengua otomí, subrayó que estas lenguas son más que un patrimonio histórico: son vehículos de identidad, cosmovisión y formas de vida de los pueblos originarios.

“Seguimos enfrentando múltiples obstáculos; por lo tanto, exijo que no solo se reconozcan formalmente, sino que también el Estado actúe para eliminar esas barreras históricas”, expresó en el marco del programa “Las lenguas toman la tribuna”.

Castillo Cortez destacó que la promoción de las lenguas indígenas requiere acciones concretas para su enseñanza, difusión y uso en espacios públicos y privados, garantizando que las nuevas generaciones puedan aprenderlas y utilizarlas cotidianamente. Señaló que la globalización y la discriminación privilegian idiomas dominantes como el inglés y el español, lo que genera condiciones de desplazamiento lingüístico.

En su intervención, recordó que el artículo 2° de la Constitución Política reconoce a México como una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, garantizando su derecho a la libre determinación y autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura. Además, citó los artículos 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que obligan al Estado a garantizar acceso a la justicia y a una educación bilingüe e intercultural en la lengua indígena nacional de cada comunidad.

“Todas las personas hablantes de lengua indígena tenemos derecho a comunicarnos con ella en espacios públicos y privados”, puntualizó.

La joven otomí consideró indispensable que el sistema educativo respete la dignidad y la identidad de las lenguas indígenas, integrándolas en el aprendizaje y asegurando su preservación. Propuso políticas integrales con recursos adecuados, capacitación y normatividad que transformen los derechos jurídicos y lingüísticos en realidades tangibles.

También subrayó la necesidad de formar intérpretes y traductores especializados en lenguas indígenas nacionales, con conocimiento profundo de las culturas, así como servicios permanentes de interpretación en instituciones judiciales. “El Estado debe garantizar efectivamente el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la justicia en su lengua y cultura”, afirmó.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que Castillo Cortez aprendió otomí en el seno familiar y promueve su uso en actividades comunitarias. Actualmente cursa la licenciatura en derecho intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, y ha participado en proyectos de preservación y rehabilitación de lenguas indígenas.

“Como estudiante e integrante de la comunidad indígena, tengo el interés y la obligación de expresar mis opiniones y contribuir en las acciones encaminadas al uso, fortalecimiento y preservación de las lenguas originarias”, concluyó.