El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que las recientes modificaciones a la Ley de Ingresos son resultado de días y semanas de negociación con los sectores económicos. Durante la discusión de las reservas que suscribió junto a los diputados Reginaldo Sandoval Flores (PT) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), explicó que los ajustes abordan tres temas clave: créditos incobrables, acreditamiento del IVA en seguros y garantía en recursos de revocación.

Sobre los créditos impagables, Monreal señaló que la deducibilidad debe aplicarse de forma equitativa a todos los contribuyentes, incluidos los bancos. “Los bancos están exentos y por eso no es correcto que ellos fijen a través de la Comisión Nacional Bancaria las reglas de la deducibilidad de créditos impagables. No es correcto y por eso lo que la ley plantea con esta propuesta es someter a los bancos a las mismas reglas que se somete a cualquier contribuyente”, enfatizó. Reconoció la disposición de la Asociación Nacional de Bancos para salir de ese esquema de privilegio, al que calificó como “oscuro, irregular y discrecional”.

En cuanto al IVA en seguros, explicó que las aseguradoras no podrán acreditarse el impuesto cuando provenga de pagos realizados por terceros, como hospitales o talleres. “La aseguradora hace suyo el pago de terceros en el caso de daños y los hace presentarse como si fueran propios y los deduce. Eso no puede ser”, afirmó. La propuesta establece que las aseguradoras deberán pagar el IVA sobre la prima del seguro, sin apropiarse de recursos que pertenecen a los asegurados. Monreal reveló que esta negociación fue compleja, con la participación de embajadas y gobiernos extranjeros, debido a que muchas aseguradoras son de origen internacional. “Lo logramos, llegar a un acuerdo a cambio de que a partir del 2025 pagaran y no acreditaran recursos que les pertenecen a terceros”, puntualizó.

La tercera modificación se refiere al recurso de revocación, un mecanismo administrativo que permite al contribuyente impugnar una resolución fiscal. Con el cambio, se establece que después de seis meses se deberá hacer efectiva la garantía fiscal o interponer una fianza que respalde el crédito. “La medida permitirá mejorar el proceso de revocación y evitar que se utilice de manera artificial para alargar el pago de obligaciones fiscales”, explicó.

Estas adecuaciones, que incluyen dos transitorios y una fracción adicional al artículo 25, buscan fortalecer la equidad tributaria y mejorar los procesos administrativos en beneficio de los contribuyentes. Monreal subrayó que el objetivo es dotar al Estado mexicano de instrumentos claros y justos para cumplir con sus funciones, sin privilegios ni excepciones.