En una jornada legislativa marcada por la defensa de los derechos humanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión abordó temas relevantes de la Agenda Política, emitiendo un pronunciamiento oficial en condena a la persecución y detención de personas migrantes en Estados Unidos. Además, se aprobaron dictámenes enfocados en la protección de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de la vivienda de interés social y el acceso a la educación digital.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un posicionamiento en el que el Poder Legislativo expresó su preocupación y rechazo por las políticas migratorias implementadas en distintas entidades de Estados Unidos, donde se ha reportado hostigamiento y detención injustificada de personas migrantes, incluidas familias completas y menores de edad. El pronunciamiento fue respaldado por legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas.

“Desde el Congreso mexicano, expresamos nuestra condena a cualquier acto de criminalización hacia quienes migran, ya sea por necesidad, violencia o búsqueda de mejores oportunidades. La migración es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por todos los países”, se subrayó en el documento leído en tribuna.

En otro punto de la sesión, se sometieron a votación y se aprobaron diversos dictámenes propuestos por las comisiones legislativas, los cuales están dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país.

Entre los temas destacados se encuentran medidas para reforzar la protección integral de la niñez, con especial énfasis en entornos seguros, acceso a servicios y políticas públicas con perspectiva de infancia. También se aprobaron disposiciones para impulsar la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social, con el objetivo de garantizar el derecho a un hogar digno para familias de bajos recursos.

En el ámbito educativo, las y los legisladores avalaron acciones para ampliar el acceso a la educación digital, en beneficio de comunidades marginadas, niñas, niños y adolescentes sin conectividad o herramientas tecnológicas, como parte de una visión de inclusión tecnológica y equidad educativa.

El Congreso reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el impulso de políticas públicas que prioricen el bienestar y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes enfrentan mayores retos estructurales.