La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó el acceso a la justicia penal y el principio de legalidad en el servicio público al resolver dos casos relevantes en sesión de Pleno el 23 de abril de 2026.

En el Amparo Directo en Revisión 4645/2025, el Máximo Tribunal determinó la constitucionalidad de los artículos 401 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la lectura y explicación de sentencias en audiencia pública y la posibilidad de dispensar dicha lectura. Sin embargo, precisó que esta dispensa solo es válida cuando las partes cuentan con la versión escrita de la resolución el mismo día de la audiencia. “De lo contrario, no puede considerarse que exista una notificación efectiva”, señaló la Corte, al ordenar emitir una nueva resolución en un caso de secuestro agravado. Con ello, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a una segunda instancia en materia penal.

En el Amparo Directo en Revisión 7676/2025, la SCJN validó el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 169 del Código Penal de Aguascalientes, que sanciona a quienes ejercen funciones de un cargo sin nombramiento o sin haber tomado posesión. El caso se originó cuando una persona, designada solo como comisionado temporal, se ostentó como director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, solicitando pagos y celebrando contratos sin investidura legítima.

La Corte confirmó que el tipo penal es compatible con el principio de legalidad, pues describe con claridad la conducta prohibida y protege el bien jurídico de la certeza en el ejercicio de la función pública. “El bien jurídico protegido es la legalidad y certeza en el ejercicio de la función pública, que se puede ver afectada desde el momento en que alguien asume funciones para las que no está formalmente facultado”, explicó el Pleno.

En consecuencia, se mantuvo firme la condena impuesta por los tribunales locales.

La SCJN refuerza la protección de los derechos procesales de las personas y la legalidad en el servicio público, consolidando criterios que impactan directamente en la justicia penal y en la lucha contra la corrupción.