Yucatán avanza con paso firme en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEAY), una estrategia que ya involucra a 138 entes públicos y 91 municipios, y que registra un 80% de progreso en su socialización. La iniciativa, coordinada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay), busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público, consolidando instituciones confiables y cercanas a la ciudadanía.

El año 2025 marcó el inicio formal del Programa de Implementación de la PEAY (PI-PEAY), que articula esfuerzos estatales y municipales para alinear sus acciones con los seis ejes de la política anticorrupción. Uno de los logros más destacados es la creación de los “Íconos de la PEAY – Guía de Uso y Alineación de las Acciones Anticorrupción”, herramienta que estandariza las prácticas gubernamentales y permitirá integrar un registro estatal de acciones anticorrupción, accesible para toda la población.

Otro avance clave es el Modelo de Informe de Avances Trimestrales, diseñado con un lenguaje claro y ciudadano, que ya permitió la publicación de los dos primeros informes de 2025, garantizando mayor claridad y transparencia en el seguimiento de compromisos institucionales.

Como siguiente paso, la Seseay trabaja en la creación de Consejos Regionales de Coordinación Anticorrupción, que dividirán al estado en cuatro regiones. Estas instancias facilitarán la implementación territorial de la PEAY y permitirán que los municipios se interconecten con la Plataforma Digital Nacional, a través del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Siay).

“Con cada acción, reafirmamos que la integridad no es un ideal lejano, sino una práctica cotidiana que transforma la relación entre gobierno y ciudadanía”, ha expresado el equipo técnico de la Seseay en sus presentaciones públicas.

Con estos avances, el Gobierno del Estado fortalece su compromiso con la prevención de la corrupción, la construcción de confianza institucional y el impulso de una cultura de legalidad que beneficie a todas y todos los yucatecos. La PEAY se consolida como una política pública viva, que evoluciona con el territorio y responde a las exigencias de una sociedad que exige transparencia, participación y resultados.