El gobierno de Perú anunció oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que las autoridades mexicanas concedieran asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana durante el gobierno de Pedro Castillo. La medida fue confirmada por la Cancillería peruana mediante un comunicado, en el que se argumentó que la decisión se basa en el principio de “no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

De acuerdo con el gobierno de Perú, el asilo otorgado constituye una acción que vulnera los acuerdos diplomáticos establecidos y fue interpretado como una intervención en temas políticos internos. La canciller peruana señaló que las representaciones diplomáticas se mantendrán únicamente en funciones mínimas hasta que se realice el retiro formal del personal acreditado en ambos países.

En respuesta, el gobierno de México manifestó su respeto al derecho internacional en materia de asilo político, y aseguró que la decisión se tomó conforme a los tratados internacionales firmados por ambas naciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana lamentó la decisión de Lima y expresó su deseo de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación bilateral.

Posteriormente, el Congreso de la República del Perú aprobó una moción para declarar “persona non grata” a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Los legisladores argumentaron que las declaraciones de la mandataria mexicana en favor del respeto al asilo constituyeron una “intromisión en los asuntos internos del país”.

Diversos analistas internacionales consideran que esta ruptura temporal representa un nuevo episodio de tensión diplomática en la región latinoamericana, en un contexto donde la cooperación entre gobiernos ha sido clave para abordar desafíos compartidos como la migración, el comercio y la estabilidad política. A pesar del distanciamiento, no se han anunciado afectaciones inmediatas en materia consular o comercial, por lo que se espera que ambos países mantengan abiertos los canales técnicos para garantizar la protección de sus ciudadanos residentes.

El gobierno mexicano, por su parte, reiteró su disposición a mantener una política exterior basada en la diplomacia, el respeto mutuo y el diálogo, subrayando que el asilo político es un derecho reconocido históricamente por México como parte de su tradición humanitaria.