El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que propone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Esta reforma, remitida al Ejecutivo Federal, tiene como objetivo fortalecer la integridad de las candidaturas y prevenir riesgos asociados a la infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, resaltó la importancia de este dictamen, argumentando que es una respuesta legislativa a la necesidad de asegurar la confianza ciudadana en los candidatos a cargos de elección popular, especialmente con la proximidad de las elecciones. El proyecto fue avalado con 85 votos a favor y 40 en contra, luego de que se rechazaron varias reservas presentadas por senadores del PAN y PRI.

La nueva Comisión estará integrada por tres consejeros electorales, quienes realizarán un análisis de riesgo sobre los perfiles de los candidatos propuestos por los partidos políticos o candidatos independientes, en coordinación con instancias de seguridad y justicia. Estos análisis se realizarán de manera voluntaria y los partidos deberán obtener el consentimiento de los aspirantes para proceder.

El dictamen estipula que, si se identifica información relevante durante el análisis, las autoridades competentes deberán iniciar investigaciones, proporcionando así un mecanismo para responder a posibles vínculos delictivos de los candidatos.

Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, defendió la propuesta, mencionando que se trata de un órgano técnico permanente que apoyará el proceso electoral. Sin embargo, críticos como Laura Esquivel Torres, del PAN, argumentaron que la falta de sanciones claras podría facilitar la evasión de responsabilidades por parte de los partidos políticos en caso de que se presenten candidatos con vínculos delictivos.

Desde el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura señaló que esta reforma aborda un problema histórico de infiltración de intereses ilícitos en la política, mientras que Nestor Camarillo Medina, de MC, objetó que la creación de esta comisión no resolverá la problemática del crimen organizado en el ámbito político y que las autoridades de seguridad deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia.