La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez del sistema normativo que regula la obtención de financiamiento para inversiones públicas productivas en el estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 2026.

El Pleno declaró constitucionales el artículo 1, apartado E, de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato y el artículo segundo del Decreto 164, que establecen reglas sobre destino de recursos, montos, mecanismos de pago, garantías presupuestales y rendición de cuentas de los ingresos obtenidos mediante financiamientos autorizados.

La Corte explicó que el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal prevé un modelo de coparticipación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de deuda pública local. Los congresos deben autorizar conceptos generales y montos máximos, mientras que el Ejecutivo ejecuta las inversiones y rinde cuentas. “No es necesario que el Congreso identifique cada obra específica, basta con delimitar rubros generales y montos determinados”, señaló el Tribunal.

En este caso, los recursos se vincularon con programas de infraestructura educativa, desarrollo social y sustentable, movilidad regional, campo, atención médica y seguridad pública. El Pleno también consideró válida la facultad del Ejecutivo local para realizar movimientos compensados entre programas, siempre que no se rebase el monto total autorizado por el Congreso.

La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2026, emitida en sesión de Pleno el 4 de agosto de 2026.