El Pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que aplaza la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, con 87 votos a favor y 40 en contra, alcanzando así la mayoría calificada necesaria. El dictamen, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora será enviado a las 31 legislaturas estatales y al Congreso de la Ciudad de México para su consideración.

Durante la discusión, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió el aplazamiento, argumentando que busca “fortalecer las instituciones” y permitir mayor participación ciudadana. Micher añadió que es necesario dar tiempo para perfeccionar el marco normativo y lograr un proceso electoral más transparente y legítimo.

En contraste, el senador del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, criticó las modificaciones, sugiriendo que el gobierno intenta corregir fallas de la reforma anterior, lo que evidencia “improvisación” y la ausencia de filtros para aspirantes a cargos judiciales, lo que ha permitido la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado.

Rocío Corona Nakamura, senadora del PVEM, defendió la reforma, afirmando que las críticas de la oposición surgen de la pérdida de privilegios dentro del Poder Judicial, resaltando que se busca acabar con prácticas de favoritismo y “padrinazgos” que han dominado en el acceso a estos cargos.

Por su parte, el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, mencionó que el dictamen se presenta como una corrección de una reforma anterior que ya fue considerada histórica, destacando que esto demuestra su fracaso. Lizeth Sánchez García, del PT, argumentó que esta reforma abre el Poder Judicial a la ciudadanía, desafiando la idea de que la justicia debe permanecer distante.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, criticó la falta de consensos en la reforma, advirtiendo que modificar la Constitución de manera constante la convierte en un documento “desechable”, lo que genera incertidumbre institucional en un contexto ya marcado por rezagos judiciales.