La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en sesión del 19 de mayo de 2026 diversos asuntos que refuerzan la seguridad jurídica y la competencia económica en México.

En primer lugar, el Pleno validó los Decretos sobre protección del espacio aéreo y la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). La Corte concluyó que el Congreso puede asignar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) funciones de vigilancia aérea en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, siempre bajo estándares interamericanos que exigen que la actuación militar sea extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada. Respecto a la FND, sostuvo que corresponde al Congreso definir la arquitectura institucional del apoyo al campo, garantizando derechos humanos y medios razonables como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

En otro asunto, el Tribunal confirmó la constitucionalidad del plazo de tres meses previsto en la Ley de Justicia Administrativa de Durango para reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. La Corte enfatizó que el derecho de acceso a la justicia no implica ausencia de plazos, sino que estos deben ser razonables y proporcionales. El caso se originó cuando dos mujeres solicitaron ser reconocidas como víctimas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero su demanda fue desechada por extemporánea. La SCJN ratificó que la decisión fue conforme a derecho.

Finalmente, la Corte respaldó las facultades de investigación de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el sector ferroviario. El Pleno determinó que el procedimiento de investigación previsto en la Ley Federal de Competencia Económica es técnico-administrativo y no constituye un acto privativo, por lo que respeta el debido proceso. Además, validó la reserva de expedientes durante la investigación como medida compatible con el derecho constitucional de acceso a la información, al proteger la confidencialidad de datos sensibles. También sostuvo la validez de artículos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que garantizan condiciones de competencia efectiva en concesiones.

Con estas resoluciones, la SCJN reafirma su papel en la protección de la seguridad jurídica, la responsabilidad patrimonial del Estado y la competencia económica, fortaleciendo el marco institucional del país.