En sesión de Pleno celebrada el 11 de septiembre, la Nueva Corte resolvió tres casos de alto impacto social que fortalecen el respeto a los derechos humanos, la equidad educativa y la seguridad jurídica en el país. “Estas decisiones reafirman el compromiso constitucional con las poblaciones históricamente vulneradas”, señalaron integrantes del Pleno.

En primer lugar, se declaró la invalidación de preceptos de la Ley de Salud Mental del estado de Chihuahua, al considerar que afectan directamente la vida de las personas con discapacidad psicosocial, quienes deben ser consultadas de forma previa e informada. El Congreso local tendrá un plazo de doce meses para realizar dicha consulta, garantizando así su participación en la elaboración de normas que les conciernen.

En materia educativa, la Corte validó la obligación de entregar paquetes escolares cada semestre a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas de Yucatán, reconociendo que estos niveles presentan mayores índices de deserción y requieren acciones afirmativas para asegurar la gratuidad y progresividad del derecho a la educación. Esta medida responde a una visión integral que coloca a la niñez y juventud en el centro de las políticas públicas.

Finalmente, se resolvió una controversia constitucional relacionada con el municipio de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca, y la comunidad indígena de El Porvenir. La Corte determinó la invalidación del decreto que otorgaba la categoría de Agencia de Policía Municipal, al considerar que vulneraba la seguridad jurídica y contravenía tanto la Constitución Política Federal como la Ley Orgánica Municipal.

Estas resoluciones consolidan el papel de la Nueva Corte como garante de derechos fundamentales y como institución que vela por la constitucionalidad de los actos legislativos en todo el país.